CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y ESPECULACIÓN

En la sociedad en la que vivimos –manifiestamente mejorable- la decisión política de recalificar unos terrenos para que se pueda construir en ellos hace que su precio se multiplique decenas o cientos de veces. A esto se llama especulación.

Los representantes que la sociedad elige tienen la obligación de procurar que las ciudades sean habitables, que la naturaleza se conserve -para el disfrute de nuestra generación y de las venideras- y que los precios de la vivienda estén al alcance de los bolsillos. Las personas que se enriquecen especulando no crean nada, no producen nada, no trabajan, simplemente se lucran por una decisión política. Es la comunidad la que los enriquece. Lo cual es legítimo si los criterios urbanísticos y ambientales prevalecen sobre cualquier otra consideración.

Pero cuando hay tanto dinero fácil por medio la tentación de urbanizar no en función de los intereses de la población sino de quién es el propietario de los terrenos o quién se beneficia de ello es, en ocasiones, irresistible.

Así que muchas zonas de nuestras ciudades se han hecho incómodas para vivir, se han destruido buena parte de nuestras costas y nuestros paisajes y, para más inri, el acceso a la vivienda puede llevarse buena parte de nuestro salario durante treinta años. Hablando con datos, en la década 1990-2000 en España se han perdido 240.000 hectáreas de zonas forestales –superficie equivalente a la de la provincia de Álava- porque se ha urbanizado una superficie equivalente al 24,45% de lo construido por el hombre en toda su historia. La paradoja es que Castilla y León perdió en la misma década el 3,5% de su población y aumentó el 36,5% de superficie urbanizada. No hay más que ver la ciudad de Soria, Camaretas incluida. En relación con los préstamos hipotecarios la deuda financiera de las familias ha aumentado espectacularmente en los últimos años, alcanzando el máximo histórico de 575.000 millones de euros, lo que representa el 73,6% de Producto Interior Bruto (PIB) español.

Parafraseando a Machado podemos decir que sólo un necio confunde el valor con el precio, así que hay parajes cuyo valor exige que no se puedan degradar. Pero cuando el dinero obtenido por no hacer nada, salvo mover influencias, se presenta delante de los ojos de algunos la planificación urbanística o el cuidado del medio ambiente peligran. Desde el punto de vista medioambiental, lo ideal es mantener en las zonas arboladas u otras con valor ambiental los usos tradicionales y urbanizar en terrenos baldíos, degradados o con cultivos poco rentables, mejorándolos con parques y jardines. Pero la demanda de viviendas en parajes con valor natural es alta y el especulador lo sabe, y no duda en maniobrar con distintos grados de legalidad, según los casos, hasta conseguir su máximo beneficio. Ahí es donde los Ministerios implicados o las Consejerías de Medio Ambiente deberían hacer prevalecer el interés general y las leyes de protección medioambiental, lo que desgraciadamente no siempre ocurre. En muchas provincias algunos desaprensivos no han dudado en prenderle fuego al bosque, hasta el extremo de que es necesario legislar la imposibilidad de recalificar el terreno de los bosques calcinados para detener esas tropelías. Otras veces basta simplemente con maniobrar hábilmente por los despachos oportunos, que es mucho más discreto.

Los políticos desean servir a la comunidad y, sin duda, muchos de ellos así lo sienten con toda honestidad. Pero también hay en la política un afán de poder o de notoriedad en algunos casos, en otros simplemente un modus vivendi, y en otros ambas cosas u otros intereses menos nobles. En lo que si coincide la inmensa mayoría de la clase política, como es lógico, es en mantenerse en el poder, a veces a toda costa, lo que ya no es tan lógico. Y en esta democracia tan imperfecta que tenemos no es posible llegar al poder, por muy buenas ideas que se tengan, sin disponer de inmensas sumas de dinero que hay que sacar de alguna parte. Esto supone un riesgo de corrupción, no sólo personal sino para la financiación del partido, sea por la vía de la especulación urbanística, o de las concesiones de obras o servicios públicos. La financiación de los partidos políticos por la vía de donaciones es opaca en buena parte, incluso la admitida legalmente, y parece que así les interesa que siga siendo, pues no se legisla en sentido contrario. Casos de corrupción o tráfico de influencias se han destapado –nunca sabremos todos- con demasiada frecuencia, desde los gobiernos anteriores del PSOE hasta la repetición de las elecciones para la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A muchos políticos les fastidian bastante las leyes que les impiden llevar a cabo sus planes urbanísticos, y tienen la tentación de, argumentando que el pueblo les ha votado, saltárselas a la torera.

Con dinero se puede conseguir que los medios de comunicación sean cada vez menos independientes, y con el poder político se puede controlar a los técnicos de la administración, bien metiéndolos por la puerta falsa, no debido a sus méritos sino a sus afinidades políticas o a su capacidad de sumisión, o simplemente teniéndolos dócilmente callados en una situación de inestabilidad o acoso laboral. Estas tentaciones para mantenerse en el poder a toda costa pueden ocurrir.

Eso han percibido los encuestados en el Barómetro Global de Corrupción 2004. Según dicho estudio, los españoles creen que los partidos políticos son los organismos más afectados por la corrupción, seguidos de los medios de comunicación y las empresas del sector privado La democracia va vaciándose de contenido, siendo más bien el gobierno de los partidos y los poderes económicos los que ostentan el poder efectivo, en lugar del pueblo.

Pero volvamos a la Ciudad del Medio Ambiente, que –sin considerar aquí la ubicación propuesta u otros aspectos de dudosa viabilidad- básicamente es una urbanización, con algunos encantos añadidos. No puede pretender venderse como un ejemplo de sostenibilidad ni de cuidado del medio ambiente. Para frenar en lo posible la ceremonia de la confusión hay que aclarar que lo verdaderamente sostenible ya está inventado y –lo que no es poco-sólo hay que cuidarlo y mejorarlo: son los núcleos urbanos más o menos compactos, donde el consumo energético es mucho menor –tanto para calentar la vivienda como para desplazarse-, el agua no se derrocha en extensos jardines, no se requieren tantos materiales, ni se ocupa tanto suelo, a veces el más fértil. Claro que, además de sostenibles en cuanto a consumo de recursos, las ciudades deben ser también habitables, con una planificación urbanística adecuada de servicios y zonas verdes. Por otra parte las viviendas unifamiliares pueden-y deben- intentar el equilibrio entre la mejora de la calidad de vida que suponen para muchas personas y el consumo de recursos. Es deseable por tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que estén dentro, o, al menos en el entorno, de los cascos urbanos consolidados

En el lado opuesto, el modelo de núcleos urbanos satélites relativamente alejados en torno a uno central encarece enormemente los servicios públicos: agua potable, vertidos, carreteras, residuos, etc… El negocio lo hacen unos, pero los gastos públicos –de nuevo expuestos a componendas político-empresariales- se hacen después con el dinero de todos, cuando ese dinero podría dedicarse a educación, sanidad, pensiones, investigación, ayuda a países en vías de desarrollo, etc…

Los núcleo urbanos dispersos obligan a casi todo el mundo a desplazarse en vehículo individual, lo que, aparte de consumir combustible fósil que no tenemos, colapsa los centros de las ciudades y degrada la calidad de vida de la mayoría. Hay que suponer que buena parte de los 4.000 habitantes de Las Camaretas vendrán a Soria capital y gran cantidad de sorianos cogerán su coche para ir a las grandes superficies comerciales de Las Camaretas. Sólo nos hubiera faltado ya el salto del Duero. Este modelo de crecimiento tiene sus ventajas, pero desde luego no hay por qué tragarse la rueda de molino de lo sostenible aplicado a todo sin ton ni son. Llámense bonitas urbanizaciones y ya está, todos tan contentos sin maquillaje.

Si además estos nuevos núcleos urbanos satélites se pretenden edificar en parajes de gran valor natural, pasamos ya de la bonita urbanización residencial al crimen ambiental. Y en todo crimen debe buscarse el autor entre los que se benefician de él, en parte a costa de hipotecas a 30 años. En el caso del soto de Garray no se trata de poner remiendos ni suavizar impactos. Sencillamente no es admisible ambientalmente que se construya en dicho paraje protegido. Si quieren Garray tan sostenible ¿por qué no impiden la cloaca de sus vertidos de aguas residuales sin depurar directamente al Duero?

Pero por suerte vino el presidente Sr. Herrera a decirnos que no nos preocupásemos, pues no iba a haber especulación en la Ciudad del Medio Ambiente. Eso tendrá que querer decir que no le importa quién se va a beneficiar de la millonada de euros que supondrá la recalificación de terrenos, y por tanto, no es complicado cambiar la ubicación. Quizá incluso en otros terrenos se repartan más los beneficios obtenidos por no hacer nada.

Con otra ubicación el Sr. Herrera (le nombramos a él puesto que el gobierno autonómico ha apostado tan fuerte por esta urbanización) puede conseguir el acuerdo entre diferentes agentes sociales. Puede ganarse el reconocimiento de su sensibilidad ambiental. Se evitará los complejos trámites con los que tiene que forzar –si puede, puesto que por fortuna ya no cuenta con el poder absoluto en todas las administraciones- la recalificación de terrenos protegidos por diversas legislaciones. Y no tendrá que hacer tragar un sapo tan indigesto a sus técnicos de medio ambiente que no sean políticos.

Soria 14 de febrero de 2005